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Acción judicial busca frenar decisión del CNE y proteger derechos políticos fundamentales en Colombia.
Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca deberá decidir medida urgente antes del 8 de febrero.
POR: EL POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D. T y C. 12:34 am.
Aspirantes a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca y al Senado de la República, junto con militantes y votantes del Pacto Histórico, interpusieron una acción de tutela ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el fin de proteger los derechos fundamentales a la participación política, a elegir y ser elegidos, al debido proceso, a la igualdad y a la buena fe.
La acción judicial cuestiona la decisión del CNE de revocar la inscripción de la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, adoptada a menos de un mes de las elecciones legislativas, pese a que dicha lista había sido previamente avalada y se encontraba en plena fase de campaña.
Según lo expuesto en la tutela, la revocatoria afecta de manera directa las candidaturas de la lista y también a cerca de medio millón de ciudadanas y ciudadanos del Valle del Cauca, quienes verían restringido su derecho a ejercer libremente el voto por la opción política de su preferencia. La demanda advierte que la actuación del CNE desconoce principios constitucionales esenciales, genera inseguridad jurídica en el proceso electoral y altera las reglas de juego en una etapa crítica del calendario electoral.
En el escrito radicado se solicita al Tribunal la adopción de una medida provisional urgente, consistente en suspender los efectos de la decisión del CNE mientras se resuelve de fondo la acción de tutela, con el propósito de evitar un perjuicio irremediable a los derechos políticos de candidatos y electores.
Revocatoria del CNE afecta directamente a medio millón de votantes en Colombia.
Ciudadanía sin participación.
Los aspirantes también denuncian que la propia inercia administrativa del CNE —al no resolver oportunamente procesos sancionatorios pendientes— terminó convirtiéndose en un obstáculo para el ejercicio real de la democracia. Según los accionantes, esta situación ha dejado “atada de piés y manos” la personería jurídica del Pacto Histórico, afectando a los candidatos, a la militancia y al electorado que participó en consultas populares internas realizadas en octubre de 2025.
“El daño no es solo para una lista o unos candidatos. El perjuicio es para los ciudadanos que quieren votar y ver reflejada su decisión en el Congreso. En materia electoral, el tiempo lo es todo: si se vence el plazo del 8 de febrero sin una decisión judicial, el daño será irreversible”, señala el documento.
Por esta razón, los accionantes solicitaron como medida provisional la suspensión inmediata de los efectos de la resolución del CNE, con el fin de mantener vigente la inscripción de la lista mientras se decide de fondo la tutela. Argumentan que no existe otro mecanismo judicial eficaz en el corto plazo, ya que las acciones ordinarias no suspenden los efectos de los actos administrativos y tardarían meses en resolverse.
Finalmente, los demandantes hicieron un llamado a que la justicia actúe con prontitud para evitar que decisiones administrativas y dilaciones burocráticas terminen excluyendo a una opción política del debate democrático, afectando el derecho colectivo de miles de ciudadanos a elegir libremente a sus representantes el próximo 8 de marzo.
JUSTICIA DEBE ACTUAR YA PARA GARANTIZAR EL VOTO EN COLOMBIA