PETRO EXIGE DEVOLUCIÓN DE TIERRAS EN BARÚ Y ARRIENDO A COMUNIDAD AFRO

Foto: Andrea Puentes – Presidencia
  • Presidente denuncia apropiación indebida de predios en Barú y exige cumplimiento judicial inmediato

  • Mandatario ordena a la ANT garantizar restitución y respeto a derechos de comunidades afro

En un acto público realizado en Chaparral, Tolima, durante la entrega de 82 mil hectáreas por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el presidente Gustavo Petro cuestionó la propiedad de terrenos en la isla de Barú y exigió que se cumplan las decisiones judiciales que reconocen a la comunidad afro como legítima dueña de esas tierras.
El mandatario señaló directamente al propietario del grupo empresarial al que pertenece el diario El Tiempo y Corficolombiana, accionista de Promigas, afirmando que debe pagar arriendo por el uso de un predio en Barú o devolverlo, pues los jueces ya determinaron que esa tierra no le pertenece. Petro enfatizó que la justicia ordenó la restitución y que hasta ahora no se ha cumplido.
Durante su intervención, el jefe de Estado aseguró que recibió una “amenaza” a través de las páginas del periódico El Tiempo, luego de denunciar la situación jurídica de un predio en Playa Blanca. Según sus palabras, allí se ubica infraestructura para la transformación de gas importado, operación que se realiza sobre un terreno que, de acuerdo con fallos judiciales, pertenece a la comunidad afro y no al empresario.
El presidente fue enfático: “No pidió permiso y no pagó arriendo, sino que se la robó, o por ser más decente, la sustrajo de una comunidad afro, de negros y de negras, en la isla Barú”.
  • Fiscalía determinó que 90 hectáreas en Playa Blanca pertenecen a nativos y no a privados

La Fiscalía de Cartagena había resuelto previamente que unas 90 hectáreas en disputa no pertenecían a los privados que las recibieron de Fonade, sino a los habitantes que lograron demostrar su propiedad en los tribunales. Estos terrenos están ubicados en Playa Blanca, zona de interés turístico donde hace una década se registraron desalojos violentos.
Con la decisión judicial, se ordenó restituir las tierras a sus verdaderos dueños y se prohibió a la Alcaldía de Cartagena resolver asuntos de propiedad por vía policial.
Petro pidió a Felipe Harman, director de la ANT, que actúe frente a la situación: “Usted tiene que proceder, o el señor paga arriendo de acuerdo a la comunidad, los cánones que en las propiedades de él sí se pagan cumplidamente, y si no, que se lleve su barco para otro lado”.
El mandatario insistió en que la restitución de tierras es un mandato judicial y un compromiso del Gobierno con las comunidades históricamente despojadas.
La posición del presidente refuerza el mensaje institucional de defensa de los fallos judiciales y de las comunidades afrodescendientes de Barú, quienes por años reclamaron la propiedad de sus tierras. Con este pronunciamiento, el Gobierno busca presionar el cumplimiento de las sentencias y evitar que intereses privados continúen ocupando predios que no les corresponden.
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