Foto: El Polideportivo. cp.
Un senador condenado por corrupción, contratos amañados y el derrumbe moral del poder legislativo colombiano.
La Corte Suprema expone la maquinaria de dádivas y contratos que alimentaba proyectos políticos regionales.
POR: REDACCIÓN EL POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C. 04:12 pm.
El país político se sacude con la sentencia de 23 años de prisión contra el senador CIRO RAMÍREZ, miembro del Centro Democrático, tras ser hallado culpable de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. La decisión, emitida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, marca un hito en el escándalo conocido como “las marionetas”, un entramado de corrupción que operaba bajo la sombra de la contratación pública.
El proceso reveló pagos ilícitos que superaron los mil millones de pesos.
Contratos multimillonarios y la sombra de la Ley de Garantías
Los hechos se remontan a 2021, cuando Ramírez, junto con asesores y funcionarios, habría participado en reuniones para direccionar contratos interadministrativos entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la entidad Proyecta. En vísperas de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, que limita la contratación directa, se firmó el contrato 670 de 2021 por 48.660 millones de pesos.
La investigación reveló que proyectos en municipios como Mariquita, Purificación, Villarrica y Melgar fueron adjudicados de manera irregular, beneficiando a empresas cercanas a operadores políticos. El esquema, según la Corte, buscaba consolidar un proyecto electoral en Quindío, Caldas, Santander y Tolima, mientras se repartían dádivas que alcanzaron los 1.000 millones de pesos.
Testimonios que hundieron al senador y la maquinaria del poder
El testimonio de Pablo César Herrera, asesor de Proyecta y pieza clave en el proceso, fue determinante. Herrera narró cómo se pactaron las contrataciones irregulares y aseguró que Ramírez lo contactó incluso mientras estaba detenido, con el fin de presionar para que omitiera información ante las autoridades.
La Corte Suprema, con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, rechazó cualquier beneficio de suspensión de la pena o prisión domiciliaria. La sentencia deberá cumplirse en un centro carcelario, lo que representa un golpe directo a la bancada del Centro Democrático, partido que se ha opuesto sistemáticamente a las reformas del gobierno del cambio, pero que ahora enfrenta el descrédito de tener a uno de sus senadores tras las rejas.
Crítica política: el derrumbe del discurso moralista
El caso Ramírez expone la contradicción de un sector político que se ha presentado como defensor de la transparencia y la institucionalidad, pero que en la práctica se ve involucrado en redes de corrupción y manipulación contractual. La condena no solo es un castigo individual, sino un reflejo de cómo la política tradicional ha convertido la contratación pública en un botín para financiar proyectos electorales.
La defensa aún podría apelar, llevando el expediente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Sin embargo, el fallo ya deja una marca indeleble: el país observa cómo se derrumba el discurso moralista de quienes, desde la oposición, han criticado las reformas sociales mientras operaban bajo la lógica de las dádivas y el clientelismo.
