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El candidato insiste y niega que destruirá ministerios y privatizar empresas estratégicas del país
La propuesta de Abelardo de la Espriella destruiría empleos, ministerios y la estabilidad institucional colombiana
POR: RDACCIÓN EL POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C. 08:44 pm.
El senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, investigador y analista político, recordó las declaraciones de Abelardo de la Espriella en las que aseguró que reduciría el Estado en un 40%, eliminando 136 entidades públicas y pasando de 19 a 10 ministerios. Según Ávila, esta propuesta representa un golpe devastador para la estabilidad laboral y la institucionalidad del país.
El propio De la Espriella, en su cuenta antigua de NX, conocida como “Abelardo Style”, escribió que eliminaría ministerios, privatizaría empresas estratégicas y acabaría con el Fondo Nacional del Ahorro. Más tarde intentó desmentirlo, acusando a críticos de difundir “fake news”, pero los registros de sus publicaciones lo contradicen.
Reducir ministerios y privatizar empresas públicas destruirá empleos y soberanía nacional colombiana
La propuesta incluye privatizar electrificadoras regionales, el Fondo Nacional del Ahorro y empresas de energía, lo que encarecería servicios básicos y dejaría sin acceso a créditos preferenciales a miles de familias de estratos bajos. El Fondo Nacional del Ahorro ha sido vital para otorgar préstamos con tasas accesibles a quienes la banca privada no atiende.
Además, De la Espriella mencionó acabar con el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), lo que demuestra desconocimiento de la estructura estatal. Pretender eliminar esta entidad es absurdo, pues es el eje de coordinación del Ejecutivo.
Las contradicciones del candidato son constantes: primero apoyó el fracking, luego lo negó; dijo ser ateo, ahora pide bendiciones; confesó haber matado gatos, después lo calificó como “chiste”. Estas inconsistencias refuerzan la percepción de que es un mentiroso compulsivo.
La eliminación de 136 entidades y la reducción del Estado en un 40% no solo afectaría a más de 700 mil trabajadores públicos, sino que pondría en riesgo la protección de comunidades vulnerables y la regulación de sectores estratégicos. La propuesta, asumida también por el señor Reisberg, es vista como un ataque frontal contra la economía solidaria y la soberanía nacional.