Foto: tomada de los Libros de Tío beto de Instagram
Sandra Chindoy denuncia apagón informativo y masacre laboral en Inravisión.
Ariel Ávila advierte bloqueo informativo y autocensura en medios críticos del gobierno.
Periodistas independientes denuncian mediocridad de colegas y sumisión de directores ante censura oficial.
REDACCIÓN: POR EL POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C. -11:08 am.
El cierre de las emisoras de paz por decisión de la gerente de Inravisión, Ángela Mora, ha desatado una tormenta política y mediática en Colombia. Estas emisoras, creadas como parte del Acuerdo de Paz y protegidas constitucionalmente, eran la voz de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. Su silenciamiento constituye una violación directa del Artículo 20 de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, el derecho a recibir información veraz e imparcial y la prohibición de la censura.
Abelardo ordena Apagón de emisoras de paz, actitud golpea la democracia
La medida ha sido calificada como una masacre laboral disfrazada, pues contratistas quedaron suspendidos y franjas informativas fueron eliminadas. Congresistas como Sandra Chindoy y Ariel Ávila, junto a periodistas como Ricardo Andrés González Duque, han elevado su voz de protesta. La denuncia se extiende también hacia la mediocridad de directores y colegas que, por sumisión al poder, permiten la expulsión de periodistas críticos en medios como Blu Radio.
Senadora indígena Sandra Chindoy denuncia masacre laboral y censura informativa
La senadora indígena Sandra Chindoy, exintegrante de RTVC e Inravisión, denunció con fuerza el apagón de las emisoras de paz. En su pronunciamiento, radicado ante la Procuraduría General de la Nación, señaló tres puntos críticos: primero, el silenciamiento de las emisoras, que son parte del acuerdo de paz y están protegidas por la Constitución; segundo, la suspensión de actividades de contratistas, lo que calificó como una “masacre laboral disfrazada”; y tercero, la eliminación de la franja informativa del sistema de medios públicos, incluyendo noticieros y boletines.
Chindoy recordó que el Artículo 20 de la Constitución garantiza el derecho ciudadano a estar informado y prohíbe la censura. Además, invocó el Artículo 73, que protege la actividad periodística, y el Artículo 74, que asegura el acceso a documentos públicos. Para la senadora, estas decisiones son un atropello contra los derechos fundamentales y un retroceso democrático. “No vamos a permitir que apaguen la voz de las regiones ni de las víctimas”, afirmó, exigiendo a la Procuraduría que vigile y sancione a la gerente de Inravisión. Su denuncia se suma a la alerta de organizaciones como la FLIP y Reporteros Sin Fronteras, que han rechazado la medida por su impacto devastador en comunidades rurales y apartadas.
Senador Ariel Ávila advierte censura oficial y autocensura en medios críticos
En Colombia se encendieron las alarmas por la libertad de expresión tras las decisiones del presidente Abelardo de la Espriella en sus primeros 20 días de mandato. Un documento filtrado por Caracol Radio reveló que la Presidencia ordenó vetar ruedas de prensa y entrevistas a medios que no sean “amigos” del gobierno, salvo autorización estratégica.
La medida coincide con denuncias de expulsión de periodistas y cierre de programas críticos, configurando un escenario de presión indirecta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha catalogado como mecanismos de censura encubierta. El efecto inmediato es la autocensura: medios y comunicadores temen perder pauta o ser marginados por cuestionar al presidente.
El impacto trasciende ideologías. Izquierda, derecha y centro quedan expuestos a un bloqueo informativo que restringe el acceso ciudadano a la totalidad de los hechos. La consecuencia más grave es el debilitamiento del derecho fundamental a estar informado, base de cualquier democracia.
Periodistas y organizaciones advierten que nunca en los últimos años se había visto un ataque tan frontal contra la prensa. La alerta es clara: el gobierno busca arrodillar a los medios y controlar el relato público, poniendo en riesgo la esencia misma de la libertad de expresión en el país.
El periodista Ricardo Andrés González Duque denuncia violación constitucional y mediocridad de colegas sometidos al poder.
El periodista Ricardo Andrés González Duque, subeditor general de La Silla, denunció públicamente el cierre de las emisoras de paz y la eliminación de franjas informativas en los medios públicos. González recordó que estas emisoras son parte del Acuerdo de Paz y que su silenciamiento viola directamente el Artículo 20 de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión y prohíbe la censura.
En su pronunciamiento, señaló que la suspensión de contratistas constituye una “masacre laboral disfrazada” y que la eliminación de noticieros y boletines informativos es un golpe contra el derecho ciudadano a recibir información veraz e imparcial. González exigió a la Procuraduría investigar a la gerente de Inravisión y advirtió que estas medidas ponen en riesgo la independencia periodística protegida por el Artículo 73.
Además, criticó la mediocridad de colegas y directores que permiten la expulsión de periodistas críticos, como ocurrió en Blu Radio, medio arrodillado ante gobiernos de corte autoritario. La ausencia de pronunciamientos firmes , como Ricardo Gómez, Zuleta o Néstor Morales , a quien la opinión pública ya los tilda de “periodistas fachos”, con plena razón, evidencia la complicidad silenciosa de un sector de la prensa que prefiere callar antes que enfrentar la censura oficial.
El cierre de la emisoras de Paz y persecución a Periodistas de Inravisión
- Estaciones afectadas: El gobierno ordenó suspender la programación en las 20 Emisoras de Paz existentes y en 11 emisoras descentralizadas de Radio Nacional. Ninguna planta física ha sido demolida, pero el “apagón” informático apagó sus micrófonos regionales.
- Contratistas y periodistas en vilo: Estas 31 frecuencias pausadas cuentan con un total de 230 contratistas (114 vinculados directamente a las emisoras de paz y 116 a las descentralizadas). Sus contratos vencen entre octubre y diciembre, y la eliminación de la franja informativa local busca prescindir de este equipo bajo el argumento de una reestructuración.
- Estado actual: Las emisoras no transmiten noticias, contenidos locales ni opinión. Por orden de la gerencia de Inravisión, solo emiten música y contenidos centralizados desde Bogotá.
Las cifras de Acoso Judicial (Estrategia Previa) de Abelardo De La Espriella
- 28 demandas civiles interpuestas contra periodistas.
- 22 denuncias penales dirigidas a reporteros, columnistas y activistas. 28 demandas civiles y 22 denuncias penales.
Sobre la violación constitucional del señor Abelardo De La espriella, que hoy funge como presidente, hay muchos pronunciamientos, de periodistas, (Daniel Coronell, Gonzalo Guillén), congresistas, del expresidente Gustavo Petro, influencers, etc, pero mensajes muy tibios de los gremios de los medios o notamos el silencio de los convencionales o de los gremios económicos, Gilinski, Ardila Lulle, Santo Domingo, etc. las emisoras que quedan y televisión son privados, carecen de credibilidad, de objetividad, son criticados, y cuestionados cotidianamente.
Cerraron el medio de comunicación que se había ganado el corazon de los colombianos, el mas preferido como RTVC, y la emisora, la Radio Nacional De Colombia que habia vuelto a conquistar masivamente la audiencias nacionales. bajo las condición de Hollman Morris y a los medios, persecuciones periodistas.
Colombia se quedó a nivel nacional sin credibilidad en los medios privados que por ahora se ven mayoritariamente y a la fuerza, por el silenciamiento, quedan pocos a nivel nacional, como la Nueva Prensa, Cambio, y los alternativos, Noticias Uno que se ve solamente los festivos y fines de semana, bajo la dirección de Ignacio Gómez, y que antes fuera dirigido por Daniel Coronell.