Foto: archivo- Organizaciones y víctimas piden respaldo internacional para proteger procesos de paz.
Congresistas, víctimas y organizaciones denuncian medidas que debilitan justicia transicional colombiana.
Llamado urgente busca evitar afectaciones graves a verdad, reparación y reconciliación.
POR: EL POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C. 07:07 pm.
La bancada del Pacto Histórico, junto con organizaciones sociales, colectivos de víctimas, defensores de derechos humanos y diversos sectores de la sociedad civil, elevó una alerta internacional ante la Corte Penal Internacional (CPI), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Secretaría General de la ONU por las decisiones que, según advierten, podrían comprometer seriamente el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Las comunicaciones enviadas exponen preocupación por dos iniciativas que actualmente avanzan de manera paralela. La primera contempla el traslado de 100.000 millones de pesos del presupuesto de funcionamiento de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. La segunda corresponde a una reforma constitucional que establecería la revisión automática por parte de la Justicia Penal Militar de decisiones emitidas por la JEP relacionadas con integrantes de la Fuerza Pública.
Los firmantes consideran que ambas medidas representan un riesgo para la independencia, la autonomía y la capacidad operativa de las instituciones creadas en el marco del Acuerdo Final de Paz de 2016, cuyo cumplimiento ha sido respaldado y acompañado por organismos internacionales durante la última década.
Presupuesto preocupa por impacto directo sobre víctimas, verdad y justicia transicional
La preocupación aumenta al analizar las cifras presupuestales previstas para 2027. Aunque el presupuesto general del país creció en 59,25 billones de pesos, la inversión destinada a la JEP registra una disminución del 8,1 %. En contraste, la Justicia Penal Militar presenta un incremento del 11,75 % en sus recursos.
De concretarse el traslado anunciado, la apropiación efectiva de la JEP para 2027 quedaría en 721.803 millones de pesos. Esa cifra sería inferior a los 744.659 millones asignados en 2026 y también menor a los 777.069 millones registrados en 2025.
Según las organizaciones firmantes, la reducción tendría efectos concretos sobre programas esenciales para el funcionamiento de la jurisdicción. Entre los recursos comprometidos estarían 62.478 millones de pesos destinados a la protección de víctimas y testigos mediante convenios con la Unidad Nacional de Protección (UNP), así como 29.362 millones de pesos relacionados con la operación de sedes en distintas regiones del país.
Igualmente, advierten que la medida afectaría significativamente la infraestructura tecnológica de la entidad. Más del 40 % de los recursos del Datacenter de la JEP podrían verse comprometidos, incluyendo la custodia de información estratégica relacionada con los macrocasos que investigan graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado.
Las organizaciones sostienen que cualquier debilitamiento financiero impactará directamente los procesos de investigación, esclarecimiento de la verdad, atención a víctimas y preservación de pruebas que hoy reposan en los sistemas informáticos del tribunal de paz.
Más de veinticinco mil desaparecidos siguen esperando respuestas y reparación integral
La situación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas también genera inquietud entre las organizaciones sociales y las víctimas. De acuerdo con los documentos remitidos a las instancias internacionales, la UBPD experimentaría una reducción del 21,8 % en su presupuesto de inversión para 2027.
Esa disminución dejaría a la entidad con 52.366 millones de pesos menos frente a las necesidades técnicas estimadas para desarrollar plenamente su misión. Como consecuencia, podrían verse afectados procesos relacionados con más de 10.000 exhumaciones pendientes y la búsqueda de más de 25.000 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado colombiano.
Los firmantes sostienen que estas decisiones contradicen los compromisos adquiridos por el Estado colombiano mediante el Acuerdo de Cooperación suscrito en 2021 con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Dicho acuerdo establece obligaciones orientadas a garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la JEP y prevenir cualquier interferencia que limite su labor judicial.
Frente a este panorama, los congresistas que respaldan el pronunciamiento anunciaron que votarán en contra del traslado presupuestal y promoverán el archivo de la reforma constitucional. Asimismo, solicitaron a la CPI y a las Naciones Unidas pronunciarse antes del 20 de octubre de 2026, fecha clave para la aprobación definitiva del presupuesto nacional.
La comunicación enviada a los organismos internacionales concluye que la JEP y la UBPD son pilares fundamentales para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición, advirtiendo que cualquier debilitamiento de estas instituciones podría afectar la confianza de miles de víctimas, comprometer la búsqueda de los desaparecidos y poner en riesgo compromisos asumidos por Colombia ante la comunidad internacional en materia de construcción de paz y reconciliación nacional.