- EN POSIBLE ACTO DE CORRUPCIÒN, LA ALCALDESA DE TURBANA ANA LUCIA JULIO GUERRERO, PRETENDÌA REPARTIRSE LA FINCA CACHENCHE ENTRE FUNCIONARIOS DE SU ALCALDÍA Y OTROS DE LA SAE
POR: POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C. 29 de marzo del 221.* 11:09p.m.
Los actos y decisiones insólitas de la La alcaldesa de Turbana (B) Ana Lucía Julio Guerrero se conocen públicamente, cuando pretendía supuestamente repartirse la finca Cachenche entre sus amigos, y para lograr el objetivo le dio poder el 17 Febrero a la abogada Elizabeth Martinez Osorio, para que hiciera un derecho de petición a la Sociedad de Activos Especiales -SAE-, para solicitar que la finca Cachenche se la entregaran al municipio.
En lo pactado establecen que el 30% de la finca, que equivale a 50 hectáreas, sería el pago de los honorarios para la abogada. Igualmente se conoció que el derecho de petición lo presentó la abogada el 18 febrero del 2020 ante la SAE, lo cual llamò la atención de los veedores, sobre el lugar de residencia de la litigante, que es en la ciudad de Barranquilla, donde está igualmente la sede de la SAE Regional Norte.
Otro de los aspectos sorpresivos y que llama la atención es que la abogada registró para recibir notificación una dirección en Cartagena que supuestamente sería en la urbanización El Socorro Mz 42- Lote 7- Plan 250; con Tarjeta Profesional Nº 82.926 y Cédula de Ciudadana Nº 45.491.029.
Las autoridades, de acuerdo a las denuncias de la veeduría a la rama judicial Vejuca, representada por el abogado Eric Urueta, es que el Concejo Municipal de Turbana le dio facultades a la alcaldesa Ana Julio Guerrero, mediante el acuerdo Nº 010 de noviembre del 2020, para contratar los servicios de la abogada y adelantar el pedido del predio a la SAE y pagarle con un porcentaje del mismo como reza en el Parágrafo del Artículo segundo del acuerdo 010 del 2020.
Los veedores encargados de defender los derechos de los campesinos conocieron de una reunión que se realizó el año pasado donde presuntamente se hizo el reparto del predio entre funcionarios del Municipio y funcionarios de la SAE.
En la denuncia contra la alcaldesa ante la Fiscalía, los abogados demostraran que no es legal contratar un abogado externo para realizar un derecho de petición, por que para ello lo podía hacer directamente la Alcaldesa, también demostraran que es ilegal el supuesto pacto que se hizo entre funcionarios de la SAE y el municipio.
En el proceso, según se conoció es que el objetivo era pagar con un porcentaje de la finca, algo ilegal por que está en proceso de extinción y por lo tanto no pertenece al estado, lo que sería una falta gravísima en todo el entramado que orquestó la alcaldesa y será la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría quienes Determinarán los responsables.
Varias veedurías, abogados, O.N.G. de derechos humanos y minorías étnicas, están unidos en este propósito de defender los derechos de los campesinos que llevan años ocupando, sembrando y cultivando los terrenos.
Enlace del Acuerdo Nº 010 del 31 de octubre del 2020
https://drive.google.com/file/d/1226c9armzEvRISX0Hd_k2WF8_NZ_-jZ0/view?usp=sharing
