Foto: Instrumentos Públicos
POR: EL POLIDEPORTIVO
Cartagena de indias, D.T. y C. 1:1 pm.
Dos entidades oficiales que han liderado asuntos de corrupción en la ciudad de Cartagena, vuelven a estar en el ojo del huracán en temas de despojos de tierras; son oficinas que han tenido grandes escándalos de repercusión e impacto en el pais, caso de el juicio de Emilia Fadul, registradora de Instrumentos Públicos de Cartagena, que enfrento un proceso penal por los presuntos delitos de peculado y falsedad en documento público.
Esa herencia de la entidad y que parecen conservar como el de la mayor de las hermanas Fadul Rosa, que debió responder también por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento y prevaricato.
Ahora es nuevamente la misma entidad de Registro de Instrumentos Públicos, junto al Instituto Geográfico Agustin Codazzi que enfrentan un nuevo procesos que el presidente de la Veeduría a la Justicia Vejuca, Erick Urueta y Vicente Girado instauraron denuncia penal contra funcionarios de registro instrumentos públicos, IGAC, por el despojo de la familia Girado y otros nativos de terrenos ubicados en la hacienda santa ana en la isla de Barú.
Los nativos de la Hacienda Santa Ana en la isla de Barú darán a conocer todas las artimañas jurídicas y a veces violentas mediante las cuales han sido despojados de sus tierras con posesión y propiedad ancestral, y toda la complicidad de muchos organismos estatales, precisan en la sustentación del proceso.
Manifiestan en la denuncia penal de Vicente Girado julio (nativo de la isla de barú), contra los funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Cartagena, del IGAC, Registro Catastral, contra Gabriel Echavarría Obregón y todos los demás particulares y funcionarios que en el transcurso de la investigación se encuentren vinculados con los delitos y el despojo de las tierras de la familia Girado y todos los nativos de la Hacienda Santa Ana en la isla Barú Jurisdicción de Cartagena
LA DENUNCIA PENAL :
En lace:
https://drive.google.com/file/d/1smhWFmVL5mELKe6GI7mM7nHZj0mxsZAX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XBFk0T_E2Mw0x6VZnLAM8mWlqU5ajiCb/view?usp=sharing
Por otra parte, manifiestan que el caso más emblemático es el de la familia Girado, nativos de la comunidad afrodescendientes de Santa Ana desde su nacimiento, pertenecientes al Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Ana Isla de Barú, según certificado expedido por el presidente de dicha comunidad, quienes son propietarios y actualmente poseedores de un predio en el balneario Playa Blanca perteneciente a la Hacienda Santa Ana y del cual han intentado desalojarlos de todas las maneras posibles algunos particulares, y como siempre han hecho con todos los nativos estigmatizándolos de invasores.
NO SON INVASORES
En el proceso desvirtúan con documentación oficial que nunca han sido ni son invasores si no que ostentan una propiedad y posesión ancestral, la cual han desconocido a través de
maniobras jurídicas y de otra índole.