Foto: Alexa Rochi – Presidencia
La entrega del título se realizó con la presencia del presidente Gustavo Petro Urrego, durante la jornada de Gobierno con el Pueblo Litoral Pacífico en Tumaco (Nariño).
Las tierras están ubicadas entre los municipios de El Tambo y Timbiquí (Cauca).
POR: EL POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C. 05:45 pm.
El Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay, conformado por 609 personas reunidas en 262 familias, recibieron el título colectivo de 28.417 hectáreas de tierra por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
La entrega se realizó con la presencia del presidente Gustavo Petro Urrego y la vicepresidenta Francia Márquez, durante la jornada de Gobierno con el Pueblo Litoral Pacífico, que este viernes tuvo lugar en Tumaco (Nariño).
El territorio, que está ubicado entre los municipios de El Tambo y Timbiquí (Cauca), beneficia a familias víctimas de desplazamiento forzado que años atrás tuvieron que trasladarse a Popayán y a otros municipios de la región.
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La tierra titulada está constituida por las veredas Nayita, Agua Clara, Sabaleta, Betania, Honduras, San Juan, Pitalito, El Tigre, Los Cedros, San Francisco y San José, todas con población negra.
“Son más de 28.000 hectáreas que benefician a las familias ubicadas en el Cañón del Micay, familias que en el pasado fueron desplazadas y que esperamos que puedan retornar. Desde hoy el Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay ya puede planificar cómo será el desarrollo de este territorio para la producción de alimentos, así como para la conservación ambiental y cultural”, indicó Gerardo Vega Medina, director de la Agencia Nacional de Tierras.
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Amparo Angulo, lideresa del Consejo Comunitario del Micay, afirmó: “hoy estamos felices porque por fin este territorio es nuestro, después de tantos años de lucha y de dolor por cuenta del desplazamiento que sufrimos. Ahora le podemos dejar a nuestros hijos la tierra para cultivarla y protegerla”.
El título permite conservar las tradiciones y las prácticas ancestrales de casi tres siglos, además de otorgar la seguridad jurídica del territorio en la defensa de los derechos colectivos.