Foto: Tomada de Cambio
Corcho cuestiona actitud hipócrita de Federico Gutiérrez y resalta logros del Gobierno nacional en disminución de la tasa de homicidios.
POR: EL POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C. 10:10 pm.
Frente a los recientes debates sobre seguridad en Medellín, y con ocasión de su visita a la ciudad, la exministra de Salud y precandidata presidencial Carolina Corcho reiteró su llamado a construir un marco jurídico sólido, coherente y urgente que permita avanzar en procesos de sometimiento colectivo y paz urbana, especialmente en territorios históricamente golpeados por la violencia y el abandono institucional.
“No se trata de un debate moralista, se trata de la vida. Se trata de construir condiciones reales para desmontar las estructuras armadas urbanas, reparar a las comunidades y garantizar la no repetición”, afirmó Corcho durante su intervención.
La precandidata presidencial recordó que el gobierno nacional adelanta diálogos sociojurídicos desde hace meses con estas estructuras urbanas, y destacó que gracias a estos procesos la ciudad de Medellín ha logrado disminuir su tasa de homicidios de más de 360 por cada 100.000 habitantes en décadas pasadas a cerca de 10 por cada 100.000, una reducción significativa que debe ser reconocida como un avance hacia la paz.
Corcho cuestionó la actitud hipócrita de sectores políticos, especialmente del alcalde Federico Gutiérrez, que hoy se oponen a estos procesos mientras durante años fueron aliados de estructuras ilegales, como han señalado incluso voceros del narcotráfico. “Ahora pretenden negar la existencia de al menos 12.000 jóvenes involucrados en estructuras armadas ilegales en Medellín, cuando esa es una realidad que la ciudad conoce desde hace décadas”, puntualizó.
Cinco elementos clave para una reforma a la Ley 975 (Justicia y Paz):
1. Rebaja de penas condicionada: No es una concesión gratuita. Debe estar sujeta a la entrega de bienes del narcotráfico para la reparación de las comunidades.
2. Desmantelamiento total de las estructuras criminales como requisito para acceder a cualquier beneficio jurídico.
3. No doble juzgamiento: Respetar el principio jurídico que impide ser juzgado dos veces por el mismo delito.
4. Verdad plena y sin restricciones: Sobre los vínculos entre el narcotráfico y sectores empresariales, políticos y económicos del país.
5. Reparación integral a las comunidades afectadas por estas estructuras criminales.
“El Congreso de la República debe asumir este debate con responsabilidad. No se trata de premiar el crimen, sino de desmontar estructuras armadas, reparar a las víctimas y construir paz urbana con justicia”, agregó Corcho.
Este llamado se suma a la agenda social por la paz urbana impulsada por organizaciones y comunidades de Medellín y el Valle de Aburrá, que exigen al Estado no responder únicamente con operativos represivos, sino con políticas de justicia restaurativa, oportunidades reales y garantías de no repetición.