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Ni tutela, ni presión política: la justicia le da otro portazo al expresidente más polémico de Colombia.
Uribe no convence ni con tutela: la justicia lo mantiene encerrado y el país arde en opiniones.
POR: REDACCIÓN EL POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C. 06:32 pm.
El Tribunal Superior de Bogotá negó este lunes 4 de agosto la solicitud de suspensión provisional de la detención domiciliaria impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La defensa del exmandatario, liderada por el abogado Jaime Granados, había interpuesto una acción de tutela argumentando que la medida vulneraba derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad personal. Sin embargo, el magistrado Leonel Rogeles Moreno, de la Sala Penal del Tribunal, concluyó que no se cumplían los requisitos de urgencia ni se configuraba un perjuicio irremediable que justificara la intervención cautelar del juez constitucional.
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“La decisión judicial impugnada se aparta de la jurisprudencia sobre el derecho a defenderse en libertad”, alegó el Centro Democrático en un comunicado, respaldando la tutela presentada por su director legal, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi. La colectividad política calificó la medida como un golpe al ejercicio democrático y a la oposición política en Colombia.
El fallo del Tribunal aclara que esta negativa no anticipa el sentido del pronunciamiento definitivo sobre la tutela, que aún está en etapa inicial. Mientras tanto, Uribe deberá continuar cumpliendo la medida de aseguramiento en su residencia, como lo ordenó el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá el pasado 1 de agosto.
La defensa del expresidente también ha anunciado que apelará el fallo condenatorio, lo que llevará el caso a una segunda instancia dentro del mismo Tribunal Superior de Bogotá. En paralelo, se espera que el magistrado encargado estudie de fondo la acción de tutela en las próximas semanas, lo que podría abrir una nueva vía jurídica para revisar la legalidad de la detención.
Este revés judicial se suma a una serie de decisiones que han marcado el proceso penal contra Uribe, quien ha sostenido que las acusaciones en su contra responden a una persecución política. El caso ha generado una fuerte polarización en el país, con sectores que defienden la independencia judicial y otros que denuncian una supuesta instrumentalización de la justicia.
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La negativa del Tribunal refuerza la presunción de legalidad de las decisiones judiciales y subraya que, salvo amenaza evidente a derechos fundamentales, no procede la intervención anticipada del juez constitucional. Por ahora, el expresidente permanece bajo detención domiciliaria, mientras se define el futuro de su apelación y de la tutela interpuesta.
Uribe es el primer expresidente colombiano condenado por delitos relacionados con manipulación de testigos. Su caso ha sido emblemático en el debate sobre justicia, poder político y garantías procesales en Colombia