Foto: Abogado Alberto Cardenas
Denuncian fraude histórico en Barú: tierras ancestrales convertidas en parque forestal sin consentimiento.
Herederos y colonos exigen justicia tras décadas de silencio y fraude institucional que convirtió sus tierras en parque forestal sin consentimiento.
Con documentos en mano, Cárdenas exige justicia para 94 familias afectadas por un acuerdo que convirtió sus tierras en parque forestal sin consulta ni compensación.
POR: REDACCIÓN EL POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C. 03:33 pm.
En la sede de la Unión Sindical Obrera (USO), el doctor Alberto Cárdenas presentó una denuncia pública sobre el despojo sistemático de tierras ancestrales en la península de Barú, Cartagena. El caso involucra al Consejo Distrital, al Estado colombiano y a varias entidades que, según el informe, habrían participado en la apropiación irregular de más de 500 hectáreas pertenecientes a colonos y herederos legítimos.
El epicentro del conflicto es el acuerdo 015 de 1994, mediante el cual el Consejo de Cartagena declaró como parque forestal una zona que, según Cárdenas, fue registrada fraudulentamente con matrícula inmobiliaria de Tierra Bomba, ocultando su verdadera ubicación en Barú. “Aquí el primer llamado a conciliar es al Estado, porque fue el Consejo de Cartagena y el alcalde de la época quienes crearon ese acuerdo, apropiándose de tierras de los guerreros de Barú”, afirmó.
Cárdenas explicó que el fraude consistió en tomar una matrícula de tierras de Irabomba y hacerla pasar como si perteneciera a la península de Barú. “Es una gran estafa. Invito al Consejo a que conozca esta denuncia y derogue ese acuerdo, porque están causando un daño terrible a los herederos y poseedores legítimos”, agregó.
El abogado reveló que existen pruebas documentales que identifican a 94 colonos como propietarios legítimos, quienes adquirieron las tierras de sus antiguos dueños. Sin embargo, figuras como los Echevarría y los Santos Domingo habrían iniciado demandas de prescripción contra poseedores indeterminados, una práctica que, según Cárdenas, carece de validez legal. “La prescripción debe hacerse contra propietarios inscritos en el registro de instrumentos públicos. Los jueces que aceptaron esas demandas, el INCODER y el Agustín Codazzi también son responsables”, señaló.
Actualmente, las tierras están clasificadas como reserva forestal, lo que exige su protección ambiental. Cárdenas reconoce que el área cumple con los requisitos ecológicos, pero insiste en que el Estado debe pagar un precio justo a los herederos. Además, señala que el antiguo FONADE (hoy Territorio) posee alrededor de 200 hectáreas que deben ser devueltas, incluso mediante negociación con los actuales poseedores.
Entre los funcionarios que firmaron el acuerdo de 1994 figuran Óscar Prieva Rodríguez, Rafael Gómez Dionisio Barrios Osorio, Luis Alzamora Taborda, Dely Díaz Herrera y Alberto Arellano Mesa. Aunque no se encontraron los nombres de los concejales en el documento, Cárdenas mencionó a Nicolás Juli Vergara (alcalde de la época), Gabriel Antonio García, Cecilio Montero y “el Burro Marrugo” como parte de la corporación que aprobó el acuerdo.
La denuncia fue presentada en 2022, casi tres décadas después del acuerdo original. Un proceso administrativo está en curso y se espera sentencia del tribunal. “Ya está demostrado que las tierras no pertenecen a Tierra Bomba. Pusieron un número de matrícula falso y lo hicieron pasar como si fuera Barú. El daño es grave y debe repararse”, concluyó Cárdenas.
Finalmente, el abogado hizo un llamado a la conciliación masiva entre poseedores actuales y herederos legítimos, para que se reconozca la propiedad ancestral y se repare el daño causado. “Todos estaban confabulados. Es hora de que el Consejo actúe y devuelva lo que no le pertenece”, sentenció.
Esta es la entrevista con el abogado Alberto Cárdenas
Doctor Alberto Cárdenas, estamos hoy aquí en la sede de la USO con relación al tema de la conciliación por las tierras de Barú, los nativos que han sido despojados durante muchas décadas. El Consejo también ha sido presuntamente cómplice de estos robos. Hay una denuncia contra el Consejo Distrital, que se habría apropiado presuntamente de 500 hectáreas. Usted nos entrega el informe de la demanda que existe y solicita al Consejo que derogue ese acto que representa un robo por parte de la entidad a las tierras de Barú
—Hombre, sí. Aquí la primera entidad que tenemos que llamar a conciliar es al Estado mismo, porque fue el Estado, por medio de la empresa en territorio y del Consejo de Cartagena junto con el alcalde de la época, quienes en 1994 crearon el acuerdo 015. Con ese acuerdo tomaron tierras de los guerreros de Barú y las convirtieron en un parque forestal. Usaron una matrícula de tierras de Tierrabomba y la hicieron pasar como si fueran de la península de Barú. Esa es la gran estafa, el gran fraude que hizo el Concejo de Cartagena. Yo los invito a que, al conocer esta denuncia, se reúnan y deroguen ese acuerdo, porque están haciendo un daño terrible, no solo a la población de Barú, sino a los herederos y poseedores de esas tierras.
Doctor Cárdenas, ¿podemos citar quiénes son los propietarios auténticos de esas 500 hectáreas?
—Sí, claro. Ya tenemos mucho material probatorio. Son 94 colonos que compraron esas tierras a sus antiguos dueños. Esas tierras fueron ocultadas fraudulentamente, escondiendo el número de matrícula inmobiliaria. Los Echevarría, los Santos Domingo, tomaron parte de esas tierras e hicieron prescripciones contra indeterminados y contra poseedores, lo cual no es legal. Para hacer una demanda de prescripción debe ser contra un propietario inscrito en el registro de instrumentos públicos. Ellos no lo hicieron así. Los jueces de la República de ese momento son tan responsables como el Agustín Codazzi, el INCODER y todas las instituciones del Estado.
¿Quiénes aparecen como propietarios de esas 500 hectáreas?
—Son 94 propietarios. Hay un certificado de instrumentos públicos donde están todos. No recuerdo todos los apellidos ahora, pero hay nombres bastante renombrados como los Díaz. Te puedo entregar ese certificado.
¿Qué hay actualmente en esas tierras?
—Las 600 hectáreas están clasificadas como reserva forestal. Cumplen requisitos como tal y hay que cuidarlas, pero el Estado no puede robárselas. Tiene que pagarlas a justo precio a los herederos y poseedores. Además, FONADE, hoy Territorio, tiene alrededor de 200 hectáreas que debe devolver, aunque sea negociando con los actuales poseedores.
¿Quiénes firmaron ese acuerdo en el Consejo?
—Aquí está el acuerdo. Aparecen firmas como la del secretario designado Óscar Brieva Rodríguez, Rafael Gómez Dionisio Barrios Osorio, Luis Alzamora Taborda, Dely Díaz Herrera y Alberto Arellano Mesa. No están los nombres de los concejales, pero recordamos que en esa época estaban el alcalde Nicolás Juli Vergara, Gabriel Antonio García, Cecilio Montero y “el Burro Marrugo”.
Este caso es nuevo para la ciudad. ¿Qué historial se conoce de este proceso?
—Hay un proceso administrativo en juzgado que ya está para sentencia. Se decretaron todas las pruebas. La Agencia Nacional de Tierras y el Agustín Codazzi certificaron que esas tierras no pertenecen a Tierra Bomba. Se usó fraudulentamente un número de matrícula de Tierra Bomba para hacerlas pasar como si fueran de Barú. Eso ya está demostrado y estamos esperando la sentencia del Tribunal Administrativo.
¿La solicitud de derogatoria ya fue presentada al Concejo?
—Actualmente hacemos esta denuncia para solicitar formalmente al Concejo de Cartagena la derogatoria del acuerdo. Si no aparecen los documentos, los estaremos buscando en los archivos. Al final, el acuerdo declara como zona de reserva ecológica y parque forestal un área localizada en la isla de Barú. Aquí está una firma, pero no aparecen los concejales.
—Perfecto. Muchas gracias, muy amable doctor.
“Nos robaron Barú”: abogado Alberto Cárdenas destapa fraude del Concejo de Cartagena que despojó a 94 familias
–Denuncia histórica revela cómo tierras ancestrales fueron convertidas en parque forestal sin consentimiento.