Foto: médica Carolina Corcho- cortesía
Senadora y exministra denuncia asfixia financiera que pone en riesgo la paz.
- Corte Constitucional frena retrocesos y obliga al Ejecutivo a blindar recursos públicos.
POR: REDACCIÓN EL POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C. 09:09 pm.
Una demoledora radiografía sobre el desfinanciamiento de la implementación de la paz lanzó la senadora, médica, escritora antioqueña y exministra de Salud, Carolina Corcho.
A través de un explosivo video divulgado este jueves, la congresista arremetió contra el recorte presupuestal que golpea la estabilidad del país, respaldando el contundente pronunciamiento de la Corte Constitucional dentro del seguimiento a la sentencia S.U. 020-2022, fallo con el cual el alto tribunal vigila la vida y seguridad de los firmantes. Con firmeza, la líder política advirtió que el Ejecutivo está obligado a cumplir la ley sin excusas ni maniobras dilatorias.
El fallo constitucional frena en seco la regresividad presupuestal oficial
Sin rodeos, la psiquiatra y politóloga medellinense trazó una línea roja frente a cualquier intento de desmantelar lo pactado, citando textualmente su postura: “Y no voy a negociar ningún proceso de paz. El acuerdo de paz es una política de Estado. El Gobierno Nacional no puede estar en contra de una política de Estado. Puede hacer ajustes en el marco de la progresividad, nunca de la regresividad”.
Carolina Corcho denuncia brutal recorte presupuestal y exige blindar paz
Acto seguido, la médica antiqueña expuso la gravedad del tijeretazo financiero denunciado en el Legislativo: “La Corte Constitucional volvió a pronunciarse sobre la seguridad de los firmantes del proceso de paz en el marco de el seguimiento de la sentencia S.U. 020-2022, mediante el cual hace el seguimiento del proceso de paz. Y esto es muy importante porque la Corte aclaró lo que nosotros hemos expresado en el Congreso de la República respecto a los recortes de la Jurisdicción Especial de Paz y respecto a la unidad de reincorporación de los desmovilizados, que recibió también una disminución del 79 por ciento en el presupuesto”.
La justicia exige plan específico y recursos blindados por ley
En el remate de su intervención, la exfuncionaria dejó claro que la implementación no está sujeta al capricho del gobernante de turno. Según sentenció de forma categórica: “La Corte dice que el acuerdo de paz es una política de Estado. El Gobierno Nacional no puede estar en contra de una política de Estado. Puede hacer ajustes en el marco de la progresividad, nunca de la regresividad y de la integralidad de todo el acuerdo de paz”.
Finalmente, subrayó las órdenes perentorias impartidas al Ejecutivo para evitar un colapso institucional: “Hizo solicitudes expresas al Gobierno Nacional para que presente un plan específico para la implementación del acuerdo y dijo además que el Gobierno Nacional tenía que incluir en el plan plurianual de inversiones, en su plan nacional de desarrollo la implementación del acuerdo de paz como un compromiso del Estado colombiano, no de un Gobierno”.