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El hermano del expresidente Álvaro Uribe, atrapado por la justicia tras décadas de crímenes y maniobras fallidas de protección
Los 12 apóstoles: la maquinaria paramilitar que sembró terror en Antioquia y terminó condenando a su propio líder.
POR: REDACCIÓN EL POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C. 11:34 am.
La justicia colombiana acaba de dar un golpe que parecía imposible: el Tribunal Superior de Antioquia condenó a 28 años y 3 meses de cárcel a Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. La decisión revoca la absolución que en noviembre de 2024 lo había dejado libre de toda culpa y lo declara penalmente responsable de crímenes de lesa humanidad. El fallo ordena su captura inmediata y el pago de una multa de 6.500 salarios mínimos, unos 9.500 millones de pesos.
El hermano del expresidente, atrapado por su propio prontuario
El caso, que llevaba décadas en la memoria de las víctimas, se centra en el grupo paramilitar conocido como Los 12 apóstoles, organización criminal que operó en Yarumal desde 1992 y que fue dirigida por Santiago Uribe. Ganaderos, empresarios, policías y hasta un sacerdote hicieron parte de esa maquinaria de exterminio que ejecutó al menos 300 homicidios, además de desapariciones forzadas, secuestros y torturas. Los testimonios recogidos en distintos procesos señalaron que muchas de esas acciones se planificaron en la finca La Carolina, propiedad del condenado.
La sentencia describe a Uribe como líder y dirigente de un aparato criminal que tuvo su mayor auge cuando su hermano Álvaro era gobernador de Antioquia. El grupo ejecutó una política de “limpieza social” contra quienes consideraban indeseables y contra supuestos auxiliadores de la guerrilla. Entre los casos emblemáticos está el asesinato de Camilo Barrientos Durán, conductor de bus señalado por el grupo como colaborador insurgente y ejecutado a tiros en plena ruta.
El expresidente Álvaro Uribe, que en los últimos años ha librado sus propias batallas judiciales por manipulación de testigos, intentó por todos los medios evitar la condena de su hermano. Su defensa política y mediática fue constante, pero la unanimidad de los magistrados René Molina Cárdenas, John Jairo Ortiz y Gustavo Adolfo Pinzón terminó por sellar el destino del ganadero. En su cuenta de X, el expresidente expresó “profundo dolor” por la decisión, apelando a la ayuda divina, pero la justicia ya había hablado.
Los 12 apóstoles: la maquinaria criminal que lo condenó
La reacción política fue inmediata. Iván Cepeda, senador y precandidato presidencial, celebró la noticia como un triunfo para las víctimas y la verdad. Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y también aspirante a la Presidencia, recordó que “no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla”, enviando un mensaje de solidaridad a las familias que aún buscan a sus desaparecidos.
La defensa de Santiago Uribe, encabezada por Jaime Granados y otros abogados, anunció que interpondrá una impugnación especial para que el caso llegue a la Corte Suprema. Sin embargo, el peso de la condena y el prontuario criminal que se le atribuye parecen marcar un punto de no retorno.
La historia se carga de un matiz vengativo y morboso: lograron condenar a un criminal incrustado en las entrañas del poder, hermano de un presidente también procesado y pendiente de juicio final. La justicia, lenta pero implacable, alcanzó a los Uribe, dejando claro que ni los apellidos ni las influencias pueden blindar a quienes construyeron su poder sobre la sangre y el miedo.
Santiago Uribe Vélez fue condenado a 28 años de prisión por liderar el grupo paramilitar Los 12 apóstoles, responsable de una cadena de crímenes en el norte de Antioquia. Además del asesinato de Camilo Barrientos, la justicia documentó ejecuciones de campesinos como Jorge Yubán Ceballos, Jorge Iván Serna y William Restrepo Cárdenas, entre otros, todos señalados arbitrariamente como colaboradores de la guerrilla.
Crímenes planificados en La Carolina y ejecutados en Yarumal
Las investigaciones confirmaron que muchas de estas acciones se diseñaron en la finca La Carolina, propiedad de Uribe, y se extendieron por Yarumal, Campamento y municipios vecinos. El grupo ejecutó más de 300 homicidios, desapariciones forzadas y torturas, consolidando un prontuario criminal que hoy lo lleva a enfrentar una condena histórica por delitos de lesa humanidad.