Foto: senador Lidio Garcia
El CNE sanciona y convierte a Petro y su campaña en víctimas políticas.
Lidio García denuncia persecución electoral que fortalece narrativas de resistencia ciudadana.
POR: REDACCIÓN EL POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C. 11:11 am.
La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de sancionar la campaña ‘Petro Presidente 2022’ ha desatado una tormenta política que trasciende las fronteras ideológicas. Lo sorprendente es que hasta los opositores de Gustavo Petro han salido en defensa de la campaña, cuestionando la actuación de los magistrados que votaron a favor de la sanción y del conjuez Najen Nayib Abuche, cuya cercanía con figuras como Néstor Humberto Martínez, Álvaro Uribe y Federico Gutiérrez genera suspicacias sobre la imparcialidad del proceso.
En medio de esta controversia, la voz del presidente del Senado, Lidio García Turbay, liberal de El Carmen de Bolívar, se convierte en eje central. García advirtió que las sanciones en plena campaña electoral sólo generan tensión y favorecen a quienes son castigados, pues los convierten en víctimas y fortalecen su narrativa. “Las sanciones debieron darse en tiempos más elegantes, menos agresivos”, afirmó, subrayando que el CNE altera la percepción ciudadana y abre paso a interpretaciones políticas que no benefician la transparencia del proceso.
Persecución disfrazada de legalidad
El efecto de estas sanciones es devastador para la confianza ciudadana. En lugar de fortalecer la democracia, el CNE parece convertirse en un actor de persecución política, apuntando contra el Pacto Histórico, Colombia Humana y sus dirigentes. La sanción llega en un momento en que el país exige garantías de imparcialidad, pero lo que se percibe es un intento de debilitar a la izquierda y de favorecer a sectores tradicionales.
La figura del conjuez Abuche, con vínculos laborales previos y afinidades políticas evidentes, refuerza la idea de que la justicia electoral está contaminada por intereses ajenos al bien común. No es casual que congresistas como Prada y Lorduy, cuestionados por graves denuncias, se mantengan en sus curules mientras se castiga a quienes representan proyectos alternativos.
La inocencia de los sancionados
La sanción contra la campaña de Petro y contra organizaciones como Fecode no resiste un análisis riguroso. No hay pruebas sólidas que justifiquen la dureza de las medidas, y lo que se observa es un patrón de hostigamiento. La izquierda, que ha sido históricamente marginada, vuelve a ser blanco de decisiones que buscan acallar su voz en el Senado y la Cámara.
En este contexto, la persecución al Pacto Histórico es infame, pues convierte a los sancionados en mártires y fortalece su narrativa de resistencia. La ciudadanía percibe que los verdaderos responsables de la crisis política no son los partidos castigados, sino quienes desde el poder electoral actúan como criminales disfrazados de jueces. La advertencia de Lidio García resuena como un llamado urgente: la democracia no puede ser manipulada con sanciones oportunistas.