Foto: Prensa Pacto Histórico
La bancada denuncia arbitrariedad y reafirma que la democracia no se confina administrativamente.
El traslado a Cali es calificado como derroche y falacia política de descentralización simbólica.
POR: REDACCIÓN EL POLIDEPORTIVO
Cartagena de Indias, D.T. y C. -12:12 am.
El 7 de agosto de 2026, fecha que conmemora la independencia nacional, la Bancada del Pacto Histórico compareció ante el país desde las escalinatas del Capitolio Nacional, en la Plaza de Bolívar, luego de que se les negara el uso del Salón Elíptico. La decisión del Presidente de la Cámara de Representantes, argumentada en supuestos problemas técnicos y de seguridad, fue rechazada por la oposición como un acto de arbitrariedad que vulnera los derechos constitucionales de participación política y pluralismo.
La bancada subrayó que una democracia auténtica garantiza la expresión de todas las fuerzas políticas y no puede restringirse mediante decisiones administrativas. Por ello, decidieron realizar su proclama en el corazón de la República, reafirmando que la soberanía popular no se desplaza al capricho de un mandatario entrante.
El presidente electo no puede imponer caprichos sobre la sede del poder legislativo.
En su intervención, la representante María Fernanda Carrascal recordó que el artículo 192 de la Constitución establece que el Presidente toma posesión ante el Congreso, y no al revés. Antes de prestar juramento, el ciudadano electo carece de funciones públicas para decidir la logística de los poderes del Estado.
La bancada denunció que trasladar la sesión solemne a un auditorio privado en Cali bajo el argumento de “descentralización” es una falacia política. Señalaron que la verdadera descentralización se logra con leyes, competencias y recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico, no con espectáculos itinerantes que implican derroche presupuestal.
El traslado a Cali viola principios de economía, eficiencia y responsabilidad fiscal.
El senador Alberto Benavides advirtió que la aprobación de este traslado vicia la institucionalidad republicana. Recordó que la Ley 5ª de 1992 no contempla atribuciones para mover la sede soberana por conveniencia política, salvo en casos de fuerza mayor. Además, el gasto millonario que implica movilizar legisladores y esquemas de seguridad constituye un detrimento patrimonial que deberá ser investigado por los organismos competentes.
La bancada aclaró que su abstención frente al acto en Cali es un ejercicio legítimo de oposición, protegido por la Sentencia C-134 de 2023 de la Corte Constitucional, que reconoce el ausentismo motivado como forma de protesta política.
La oposición denuncia retrocesos en política exterior y defensa del Estado Social de Derecho.
El representante Gabriel Becerra expuso las diferencias de fondo con el nuevo gobierno. Rechazó la propuesta de aislar a Colombia del Sistema Interamericano, así como la ruptura de relaciones con países del Caribe y África. Criticó el restablecimiento de vínculos con Israel mientras persisten violaciones al derecho internacional humanitario en Gaza.
Además, cuestionó la intención de expulsar a 700 mil trabajadores del sector público, lo que debilitaría las capacidades del Estado para garantizar derechos esenciales. La bancada defendió la necesidad de una administración pública eficiente, no reducida.
Por su parte, la senadora Alejandra Omaña reafirmó que la oposición será firme y democrática, defendiendo los avances logrados en el gobierno de Gustavo Petro: reforma agraria, acceso a la tierra, fortalecimiento del sistema de salud, ampliación de la educación superior y generación de empleo digno.
La representante María Fernanda Carrascal convocó a todas las fuerzas sociales, sindicales, campesinas, indígenas, afrodescendientes y juveniles a fortalecer la unidad en defensa de la vida, la democracia y la soberanía nacional.
Finalmente, la senadora Carolina Corcho cerró la proclama con un mensaje contundente: “¡La República se respetará siempre!”. Reafirmó que el Congreso pertenece al pueblo colombiano y no a mayorías circunstanciales ni a quienes administran temporalmente sus instalaciones.
La oposición dejó claro que su respuesta será política, democrática, constitucional y pacífica, defendiendo la Constitución de 1991, la vida y la soberanía popular.